La parte no puede decidir por el todo

El argumento que se razona para negarle a Cataluña la posibilidad de separarse de España es que esa decisión compete al conjunto de España y no puede ser tomada por una parte de ella, esto es Cataluña. La Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, lo cual elimina la capacidad para que un sector del mismo, o una nacionalidad particular, pueda tomar esa decisión. Es decir, que la parte no puede decidir por el todo. Aparte de lo que establece la Constitución hay sentido común en esa limitación, porque si se permitiera tal cosa ¿cómo la parte decisoria podría en un momento dado negarle a una sub-parte si reclamara ese mismo derecho a decidir por sí misma? Y ¿cómo a su vez podría esa sub-parte negárselo a una subdivisión de ella misma? Se entraría en una dinámica sin fin que terminaría solamente cuando cada individuo fuera una entidad política independiente, a menos que un grupo de individuos deseara asociarse libre y voluntariamente en una comunidad de esa índole.

Eso es precisamente lo que ocurrió en el Pacto del Mayflower, cuando los integrantes de aquel navío que zarpó de la costa holandesa y arribó a la americana en 1620 firmaron un acuerdo para auto-gobernarse. Era un texto muy sencillo, sólo unas cuantas líneas sin palabras técnicas ni retórica, pero en el mismo estaba el germen de una inicial colonia que finalmente se convertiría en una nación. Claro que ellos tenían la ventaja, dentro del cúmulo de dificultades que enfrentaban, de que empezaban de cero en una tierra distinta a la suya, cosa que nos es imposible a los que habitamos en España, donde formamos parte de una estructura ya creada desde hace algunos siglos. Y de ahí procede la dificultad lógica de que la parte decida por el todo.

El matrimonio, o sea la unión entre un hombre y una mujer, es un patrimonio colectivo de toda la familia humana. Se trata de un concepto básico y fundacional, establecido sobre cimientos racionales y naturales, que solamente pueden ser puestos en entredicho cuando se abandona la racionalidad misma. Es un patrimonio común a todos los pueblos de la tierra, de todas las épocas, sin distinción de cultura o civilización, porque precisamente la subsistencia de una civilización solo puede quedar asegurada por la sucesión de generaciones que el matrimonio garantiza y por la trasmisión de la educación en el seno familiar.

Si esto es así, mi pregunta es: ¿Quién le ha dado potestad a la parte para decidir cambiar lo que es patrimonio del todo? Es decir, ¿con qué derecho algunas naciones, algunos gobernantes y algunos grupos en este siglo XXI han decidido manipular lo que es patrimonio de la humanidad? ¿Quién ha concedido a algunos parlamentos y gobiernos occidentales la capacidad de intervenir en un asunto que supera las circunstancias actuales, porque trasciende el tiempo y el espacio? ¿Cómo es posible que se pongan a hacer experimentos con algo que compete no ya a esta generación, sino a las venideras? ¿De dónde les viene la autoridad para realizar tales cambios, cuando no están dispuestos a aceptar que sucedan otros cambios de menor entidad, como el de cambiar la estructura de un Estado? Es evidente que ellos solos se han arrogado esa facultad, pero al hacerlo han invadido competencias que no son suyas.

Aquí no estamos ante un caso como el de España, en el que puede ser discutible si esa realidad es conveniente o no, si es beneficiosa o no. Con el matrimonio estamos ante algo que ha demostrado a todas luces ser una necesidad absoluta para la existencia y continuidad de los seres humanos. Ante algo imprescindible, que no tiene alternativa viable, ni natural ni lógica. Siendo así, ¿cómo es posible que se haya llegado unilateralmente a decidir sobre una cuestión que no es jurisdicción de algunos? Solamente cabe una respuesta a estas preguntas. El desvarío humano no es exclusivo de gente salvaje ni sub-desarrollada. Puede ser más notorio, y de hecho lo es, en aquellos que presumen de medidas de progreso y avance social, entre gente sofisticada y de vanguardia.

Si la parte que decide unilateralmente tiene que estar dispuesta a que se le enmiende la plana cuando una sub-parte le reclama su propio derecho a decidir, así la manipulación legal de la esencia del matrimonio conllevará que en su momento haya quien demande que otra clase añadida de unión sea posible, a lo que no se podrá negar que surja otra idea más exigiendo que se atienda su reivindicación. Y así ad infinitum, en una especie de tobogán desbocado en el que la locura de los hombres no toca fondo.