REVOLUCIÓN FRANCESA, EFECTOS RELIGIOSOS DE LA

Revolución francesa es el nombre de la violenta conmoción que, hacia finales del siglo XVIII, sacudió la estructura vital del Estado francés, siendo dirigida primordialmente contra el feudalismo medieval.

• Primera actitud amistosa de la Iglesia católica
• Influencia de las consideraciones financieras
• Reconstitución de la Iglesia católica y el clero
• Oposición clerical. Causas de persecución
• Más medidas anticlericales extremas
• El movimiento se hace antirreligioso
• Introducción del culto racionalista
• Giro de los asuntos
• La llegada de Napoleón

Primera actitud amistosa de la Iglesia católica.
Al estar la Iglesia católica fuertemente relacionada con el feudalismo, necesariamente el elemento de destrucción la alcanzó. A partir de ahí fue un paso fácil atacar a la religión en general. La desconfianza hacia la enseñanza de la Iglesia y la frivolidad obstaculizada por la filosofía moral del momento se combinaron para suscitar la sospecha de que el clero se aferraba a sus prerrogativas, organización social y posesiones no por su convicción de la legitimidad esencial de tales cosas, sino simplemente por el deseo de poder. Ya que las dificultades financieras habían dado el primer impuso a la revolución, pareció justo y natural posteriormente hacer uso de la riqueza de la Iglesia católica para salvar al Estado de la bancarrota. Pero desde el principio el estatus político del clero fue un asunto de consideración. Se esperaba que en conjunto se pusiera del lado de la nobleza, pero mientras la nobleza se mantuvo en su propósito de luchar por su ascendencia en la asamblea, el 22 de junio de 1789, 148 de los 308 delegados clericales se alinearon con el Tercer Estado y el 24 de junio, otros 151 se unieron en el movimiento bajo el liderazgo de Talleyrand. La abolición de los diezmos levantó poca oposición; ya el clero había ofrecido sus posesiones para el tesoro nacional y la propuesta de usar los utensilios eclesiásticos para beneficio público se había acordada, mientras que la oferta de 140 millones de francos fue aceptada por la asamblea el 29 de septiembre. Pero el avance del espíritu revolucionario no quedó satisfecho con una actitud amistosa por parte de la Iglesia católica; sólo satisfaría su odio apropiándose de todas las posesiones eclesiásticas. Es por tanto destacable que un alto dignatario católico, Talleyrand, obispo de Autun, reconociera que las prerrogativas especiales de la Iglesia católica no podían ser preservadas, prestando su ayuda a la expresión del sentimiento general. El 10 de octubre de 1789 propuso que un tercio de los ingresos eclesiásticos (50 millones de francos) se aplicaran para cubrir el déficit de las cuentas del Estado, justificando la propuesta por el hecho de que el clero no era poseedor de la propiedad eclesiástica, sino meramente usufructuario, mientras que el Estado tenía poder sobre toda institución dentro de su jurisdicción. Talleyrand, Mirabeau y el abate Grégoire sacaron adelante su propuesta contra la oposición de Sieyès y los abbés Maury, Montesquieu y otros, por un voto de 586 a 346. Se aprobó una resolución por la que toda la propiedad eclesiástica estaba a disposición del Estado, a condición de que costeara los gastos de la adoración pública y proporcionara el apoyo para la jerarquía católica y el mantenimiento de los pobres. Dos días más tarde fue ratificada por el rey mientras estaba confinado. No obstante el clero, lejos de recibir simpatía, fue el objeto del ridículo e insultos por parte del pueblo.

Influencia de las consideraciones financieras.
Continuamente se promovían nuevos planes contra el clero, se hacían ataques personales sobre los dignatarios eclesiásticos, mientras que los monasterios eran objeto especial de asaltos. El 11 de febrero de 1790, Treilhard propuso por segunda vez la abolición de los monasterios y los votos monásticos. Tras muchos debates la resolución se aprobó el 13 de febrero de 1790, disolviendo todas las órdenes y congregaciones de ambos sexos, con la excepción de las dedicadas a la instrucción de niños y el cuidado de los enfermos. Los monjes podían dejar sus monasterios notificándolo a las autoridades locales; los que no estuvieran dispuestos a dejarlos serían asignados a casas para su uso. Grandes números se aprovecharon de la libertad ofrecida y se convirtieron en los más entusiastas devotos de la revolución. A las monjas se les permitió quedarse donde estuvieran y pocas dejaron sus órdenes. Se otorgaron pensiones a los que entraran en la vida civil, dependiendo la cantidad de la condición del monasterio, la regla de la orden y la edad de los individuos. El clero había esperado que la resolución que vendía la propiedad eclesiástica fuera papel mojado, pero la falta de oro y el déficit creciente hizo de esta medida una eventualidad inmediata. El arzobispo de Aix propuso un préstamo de 400 millones de francos, garantizado por la propiedad del clero, que pagaría el interés y luego gradualmente lo principal a través de transacciones de ventas. Pero la mayoría no aceptaría este plan, ni reconocería la posición del clero para garantizar el ofrecimiento de tal suma. Mientras tanto, Dom Gerles, miembro del comité clerical, exhortó a que, para satisfacer a aquellos que temían por la existencia de la religión, la religión católica sería estimada como la de la nación y que únicamente sus servicios serían autorizados por el Estado. Tras considerable debate de la asamblea se decidió no refrendar la propuesta, ya que ni estaba dispuesta ni era capaz de acometer decretos sobre asuntos de religión (13 de abril de 1790). El capítulo de París, los miembros de la derecha y las ciudades de Nimes, Nantes y Rennes se quejaron contra esta decisión y defendieron la religión católica. La asamblea determinó asumir la administración de las posesiones clericales por los directores de departamentos y distritos, siendo pagados 400 millones y el dinero dado al clero.

Reconstitución de la Iglesia católica y el clero.
Detrás de la ganancia financiera que el pueblo pensó hacer en esta coyuntura, yacía el principal propósito: la disolución de un detestado aunque poderoso cuerpo aristocrático. El clero era contemplado como la piedra angular del sistema feudal, cuya demolición era el objetivo de todo el movimiento político. Varios otros movimientos siguieron en la finalización del cambio en el estatus del clero. El número de obispados quedó reducido de 134 a 83. El obispo se convirtió en el pastor inmediato de la comunidad en la que vivía y en lugar del antiguo capítulo hubo un número de vicarios que formaban su consejo y le daban asesoramiento en todos los asuntos. Los obispos fueron escogidos por los mismos miembros de las asambleas departamentales, quedando prohibido buscar la confirmación papal. La elección del pastor fue dejada a los ciudadanos activos de cada distrito, pero era inducido a su puesto por el obispo. Los obispos y pastores prestaban juramento de lealtad a la nación, la ley, el rey y la constitución. A esos cambios, terminados el 31 de mayo, le siguió una dura batalla dirigida, por parte del clero, por el arzobispo de Aix y el teólogo jansenista Camus. La constitución civil del clero fue acabada el 12 de julio, siendo fijados los salarios como sigue: el arzobispo de París, 50.000 libras; los otros obispos, 20.000; los vicarios de 2.000 a 6.000 y los pastores de 1.200 a 4.000, con vivienda y jardín. El rey, obligado a firmar esta constitución, estaba él mismo en dificultades y escribió al papa pidiendo consejo. Éste no tenía una mejor solución para el problema, por lo que convocó una reunión de cardenales, pidiendo al rey que esperara el resultado de sus deliberaciones. Pero la actitud del pueblo y la asamblea era tan amenazante que el rey firmó el 24 de agosto de 1790, aunque el papa y los obispos comenzaron una resistencia pasiva. Llegaron protestas de todas partes, la principal de Boisgelin, arzobispo de Aix, quien pregonó los sentimientos de su Iglesia y de su oposición a la nueva constitución en un artículo titulado Exposition des principes, firmado por 110 obispos. La asamblea, que lo estimó como un movimiento contrarrevolucionario, replicó con un decreto de 27 de noviembre de 1790, exigiendo a todos los obispos prestar juramento de obediencia a la constitución civil del clero y amenazando a los que se resistieran con destituirlos de sus puestos. A sugerencia del rey, Boisgelin, que esperaba conseguir algunas concesiones, presentó al papa un documento con las siguientes propuestas: (1) Que el papa confirme el arreglo hecho por la asamblea para el metropolitano y otras diócesis; (2) que a los obispos que fueron privados de sus sedes o cuyo dominio quedó limitado se les aconseje aprobar las nuevas divisiones; (3) que dé su sanción al establecimiento de las nuevas diócesis; (4) que dé al metropolitano poder en el asunto de la investidura canónica de los nuevos obispados; (5) que apruebe el arreglo del concilio de vicarios para la dirección de los asuntos parroquiales y (6) que amoneste a los obispos a aceptar la transferencia de las parroquias vacantes a los titulares escogidos por el pueblo, en caso de que no hubiera razones morales y canónicas contra ellos. El arzobispo no esperaba que el papa asentiría a esas proposiciones, aunque las presentó ante él, mientras que éste optó por la táctica de la demora. Mientras tanto el rey se vio obligado a firmar el decreto amenazador de 26 de diciembre de 1791 y al día siguiente el abate Grégoire prestó juramento de lealtad, siendo seguido por Talleyrand y otros tres obispos y por 71 de los 300 miembros clericales de la asamblea; el propósito de la asamblea era que la nueva Iglesia fuera libre de la autoridad del papa.

Oposición clerical. Causas de persecución.
El 4 de enero de 1792 fue el día establecido para la administración general del juramento. Fue un día de grandes sentimientos encontrados en la asamblea, pero la mayoría del clero de París prestó el juramento; en las provincias tres cuartas partes del clero permanecieron fieles al antiguo orden. Esos pasos consecutivos contra el clero habían creado un profundo malestar entre el pueblo francés. La nobleza y aquellos que, por circunstancias de nacimiento o de posición política o civil, eran hostiles al nuevo orden se unieron con el clero que se había opuesto a la constitución. El rey, consciente de su posición, comenzó a pensar en huir y tomar represalias con ayuda exterior. Por otro lado, la asamblea se vio frenada por el mismo extremo a la que fue llevada. En el sur había rumores de un movimiento insurrecto; el gran número de los que habían sido privados de posiciones produjo gran temor y no fue por pensamientos de caridad que se proporcionaron pensiones para ellos, frenándose la persecución. Mientras el clero católico estaba lamentando la disolución de su Iglesia, los protestantes estaban disfrutando de su recién hallada libertad otorgada por la nueva constitución civil. De manera que se convirtieron en amigos de la revolución, prestando su clero el juramento sin vacilación. Finalmente el papa rompió su silencio, anunciando su absoluto rechazo de la constitución civil. La primera declaración fue en un documento enviado al arzobispo de Sens, amenazándolo con la degradación del cardenalato a menos que formalmente se retractara del juramento de lealtad a la constitución. El arzobispo replicó enviando su capelo cardenalicio al papa, pero declaró su intención de permanecer como obispo al frente de su iglesia. El papa expresó su condenación de la constitución civil en otros actos. El 30 de marzo escribió a treinta obispos que se habían unido en el memorial del arzobispo de Aix en la Exposition des principes y les amenazó con castigo canónico en caso de no retractarse de su juramento de obediencia a la constitución. En otras cartas declaró que todos los arreglos hechos de acuerdo con la constitución eran nulos y vacíos; mandó a todos los clérigos que habían tomado juramento que se retractaran en el plazo de 40 días bajo pena de suspensión permanente y advirtió al pueblo de no tener trato con los prelados o pastores que habían sido nombrados por la fuerza. Esas cartas proporcionaron una nueva base para la oposición de los obispos y el clero y muchos retiraron su juramento. Pero el mismo celo de la reacción provocó un odio renovado hacia el clero, la Iglesia y la religión. El papa se convirtió en objeto de insulto y el 4 de mayo, el día después de que sus cartas hubieran sido hechas públicas, fue quemado en efigie ante el palacio con el aplauso del pueblo. Los obispos fueron expulsados de sus diócesis, parcialmente por mandato directo del gobierno y parcialmente por actos turbulentos. Talleyrand dimitió de su obispado y volvió a la vida privada. Las iglesias de los obispos resistentes fueron cerradas o usadas con fines distintos a los religiosos. En esta coyuntura el clero comenzó a romper el celibato, lo cual la asamblea estimuló, prometiendo pagar las pensiones y declarando que no había ley que prohibiera el matrimonio del clero. En tiempos posteriores de persecución los que se habían casado hallaron que su matrimonio era una protección, ya que significaba que el sacerdote había desechado sus relaciones eclesiásticas. El clero oponente evitó dar este paso y los defensores de la realeza estimaron un deber de honor procurar los sacramentos sólo de ellos. El vano intento del rey de escapar en junio de 1791 se convirtió en un nuevo pretexto para la persecución del clero, lo que en Nantes adquirió tintes extremos. La sospecha de que el clero había estado en relación con este desafortunado intento se vio fortalecida por una carta del 7 de julio del papa al rey, expresando aquel la esperanza del rápido y victorioso regreso del rey a París investido con plena autoridad y rodeado por los obispos regulares, que entonces podrían regresar a sus diócesis respectivas. Esta carta cayó en manos de los revolucionarios. El resultado inmediato fueron regulaciones más severas contra el clero desobediente y la unión de Aviñón y el condado de Venaissin a Francia el 14 de septiembre. Los informes de las condiciones en Vendée y Montpellier, así como de otras partes del país, provocaron un nuevo odio hacia la Iglesia, tal como muestra un decreto de la asamblea del 29 de noviembre. A los sacerdotes que no habían tomado juramento se les dieron ocho días de gracia para prestar el juramento de ciudadanía; todos los que se negaran serían privados de sus pensiones y quedarían bajo sospecha y culpables de encarcelamiento; si eran encontrados en un lugar donde había problemas, en caso de que fuera por causas religiosas, podrían ser removidos del lugar. El gobierno de cada departamento estaba encargado de ejecutar esas regulaciones y de informar a la asamblea en caso de que se necesitaran medidas adicionales.

Más medidas anticlericales extremas.
La oposición del clero en París, así como del directorio de París, exhortó al rey a vetar esta resolución, lo que hizo el 19 de diciembre de 1791, movido también por el arrepentimiento de haber firmado las formulaciones previas. Entonces estalló una explosión de indignación contra el rey y la institución monárquica, siendo llamado traidor y aliado de enemigos internos y externos, cuya sanción de las leyes no era necesaria. Aunque la resolución del 29 de noviembre no tenía fuerza de ley, los procedimientos se llevaron a cabo en muchos departamentos, Toulouse, Nantes, Rennes, Angers, que asumieron su fuerza vinculante, siendo maltratados los sacerdotes que no habían jurado y arrojados en prisión. El odio que primero iba dirigido contra los sacerdotes se volvió contra la Iglesia católica y contra la religión misma, siendo éste particularmente el caso entre los jacobinos. Sin embargo, aunque muchos eran ateos, la actitud tomada por Robespierre indicó claramente que la revolución no estaba totalmente bajo influencias antirreligiosas. Robespierre lo expresó de esta manera: "Invocar a la divina Providencia, no estar dispuesto a perder la noción del Ser divino que influencia tan esencialmente en los asuntos de las naciones y que en mi opinión vigila particularmente sobre la nación francesa, lo cual no es una opinión demasiado atrevida, todo esto es para mí una necesidad. ¿Cómo podría yo, apoyándome en mi propio espíritu solamente, haber soportado todos esos conflictos que exige una fuerza más que humana, de no haber elevado mi alma a Dios?" El 28 de abril se aprobó una ley aboliendo las indumentarias clericales y el 27 de mayo se aprobó otra en la que a petición de 20 ciudadanos activos de un cantón, los directores de un departamento llevarían a cabo la destitución de los sacerdotes que no hubieran jurado, como instigadores de sedición. La evidente justificación de esta ley yace en el hecho de que había rumores, en el tiempo de la supresión, de una conspiración en el departamento de Tarn para matar a los calvinistas de esa localidad. El rey se demoró para ratificar esa resolución y de hecho finalmente interpuso su veto, un hecho que en ningún modo mejoró la condición de los sacerdotes ni la seguridad de su trono. Al principio los medios de deportación de los sacerdotes fracasaron, aunque en Lyón, Châlons, Angers, Nantes y Dijon hubo numerosos arrestos de sacerdotes. El 10 de agosto comenzó el rígido confinamiento del rey, mientras que la facción extrema obtenía el mando en la asamblea. El 23 de agosto se aprobó una resolución mandando a todos los sacerdotes no jurantes dejar Francia en el plazo de 14 días bajo pena de ser enviados a la Guayana. Entonces llegó el oscuro mes de septiembre en el que tantos sacerdotes fueron asesinados. Muchos fueron llevados a París para ser deportados y en el camino al lugar de la detención 18 fueron asesinados por la turba y 60 más en el patio, mientras que posteriormente en el monasterio de los carmelitas 200 fueron asesinados. Como consecuencia los sacerdotes dejaron el país, hallando refugio en los dominios papales en Suiza, en los Países bajos y en España. A consecuencia de esa ley 40.000 sacerdotes fueron expatriados y 8.000 hallaron refugio en la Inglaterra protestante.

El movimiento se hace antirreligioso.
El siguiente ataque fue contra las instituciones que relacionaban la vida civil con el cristianismo. Un decreto de 20 de septiembre de 1792 transfirió el registro de nacimientos, matrimonios y fallecimientos de la Iglesia a las autoridades civiles. Sólo unos pocos días antes, el 30 de agosto, el divorcio se posible por simple declaración solamente y el 20 de septiembre por común acuerdo; para los protestantes la declaración ante un juez ya había constituido matrimonio legal. En este tiempo se cambió el calendario. Desde el 22 de septiembre se reconoció el primer año de la República; el 5 de octubre de 1793 se elaboró un calendario totalmente nuevo, en el que cada uno de los 12 meses estaba dividido en tres décadas, tomando la primera de cada década de días el lugar del domingo cristiano. Los cinco días sobrantes del año fueron hechos período festivo. Los nombres de los días se tomaron de los productos naturales de la tierra y semejantes. La convención nacional que sucedió a la Asamblea Nacional el 21 de septiembre de 1792 asumió una actitud todavía más inamistosa hacia el cristianismo. A instigación de Chaumette, un notorio enemigo de la religión, la festividad de Navidad quedó abolida y en su lugar se inauguró la "fiesta de los sansculottes." Los ataques contra los ritos, dignidades y festividades eclesiásticas eran numerosos y las declaraciones ateas frecuentes. En sus primeros días la convención fue más suave en sus tratos con el clero, declarando las violencias punibles. Pero el lado más severo no tardaría en llegar. Algunos de los escolares, inducidos por este ambiente, pidieron que no se hiciera oración en nombre de un denominado Dios, sino que se les diera instrucción en los fundamentos de la igualdad, los derechos de la humanidad y la constitución; pero en ese tiempo esta petición fue rechazada.

Hacia finales de 1793 el fanatismo ateo había obtenido la hegemonía y el 1 de noviembre una delegación de Nantes pidió la abolición de los servicios católicos. El 7 de noviembre, tras la lectura de una carta a la convención que comenzaba: "Soy sacerdote, esto es, un charlatán", Gobel, arzobispo de París, se acercó al asiento del presidente y puso su carta de designación al puesto sobre la mesa, diciendo, entre gran aplauso, que la voluntad del pueblo había sido su primera ley y que desde ese tiempo en adelante no habría adoración nacional salvo la de la libertad y la igualdad; allí mismo renunció a su posición como siervo de la Iglesia católica. Recibió felicitaciones del presidente de la convención y luego se quitó su manto rojo, su cruz y su anillo, depositando sus vicarios también la insignia de sus oficios. Pero este acto indigno no libró a Gobel, pues cinco meses más tarde subía las escaleras del cadalso por la acusación de colaborar en la destrucción de la moral. En la escena recién descrita también tomó parte un ministro protestante, Julien, de Toulouse, declarando que el protestantismo también tenía su charlatanería y que a partir de entonces él no tendría otro santuario que el de la ley, ningún Dios sino la libertad y ningún evangelio más que la constitución republicana. Murió en la guillotina en abril de 1794. El obispo Grégoire fue el único eclesiástico de la convención que se opuso a este indigno movimiento. Su firmeza fue audaz y su declaración enfática de que su religión era parte de sus más solemnes convicciones; su oficio era de las manos del pueblo, pero su llamamiento no venía ni del pueblo ni de la convención. Fue violentamente atacado, pero permaneció firme, continuando con su indumentaria eclesiástica y presentando un porte tan impresionante que nadie se atrevió a poner las manos sobre él.

Introducción del culto racionalista.
El consejo de París instituyó, en celebración de la abolición de la religión católica, una festividad de la razón, señalada el 20 de Brumaire (10 de noviembre), de 1793, en Nôtre Dame, en la que se construyó un denominado templo de la filosofía, sentándose como representante de la razón una cantante de ópera, Mademoiselle Maillard. La celebración continuó en la convención nacional, donde la representante de la razón fue llevada en un palanquín, siendo proclamada diosa de la fiesta, de la libertad y de la razón. Entonces la procesión fue hacia la catedral, donde se celebró la festividad cantándose himnos a la Razón. Esta ceremonia se imitó en otras partes del país, dándose la sanción de la convención al nuevo culto de la razón. El 13 de noviembre los subordinados de la convención fueron investidos para recibir la renuncia del clero, que fue presionado para abjurar del cristianismo. En las festividades las iglesias fueron a veces saqueadas y los tesoros expropiados para el Estado. Se hicieron propuestas para destruir las torres que tenían campanas y las esculturas de Nôtre Dame, porque implícitamente se oponían a la igualdad. La convención recibió informes de diversos lugares sobre el enterramiento del cristianismo y la abolición de la adoración de Dios. En algunos casos donde el clero se sometió a las demandas impuestas, el hecho fue celebrado como el triunfo de la filosofía sobre el prejuicio y el error, mientras que las iglesias quedaron desprovistas de adornos y convertidas en templos de la razón o incluso para usos ignominiosos. Se quemaron los libros de oración y los himnarios, siendo prohibido a los ciudadanos guardar el domingo como día santo; el 22 de noviembre a todos los obispos y clero que habían renunciado a sus funciones se les garantizaron sus pensiones. A pesar de todo esto muchos, especialmente mujeres, todavía iban a las iglesias para orar y adorar. Incluso en la convención la voz de Robespierre se levantó de nuevo contra la tendencia prevaleciente y el 21 de noviembre en el club de los jacobinos se opuso a Hébert, que acababa de pronunciar una arenga sobre los peligros del fanatismo y el sacerdocio. Robespierre declaró que había hombres que bajo la pretensión de destruir la superstición hacían del ateísmo una especie de religión. Esto podía hacerse para aristócratas, pero el pueblo necesita un Ser supremo que vigile sobre los inocentes oprimidos y castigue victoriosamente el crimen. Pero los representantes del ateísmo no serían derrotados sin batalla. Unos pocos días después promulgaron por el consejo de la ciudad un decreto para cerrar las iglesias y hacer de todos los que se opusieran personas sospechosas.

Giro de los asuntos.
Sin embargo, Chaumette, consiguió una revisión parcial de la resolución y el 26 de noviembre Danton llevó la resolución a la convención para que las mascaradas antirreligiosas cesaran y que se pusiera fin a la persecución de los sacerdotes, a la vez que ningún obstáculo se pondría a ningún tipo de adoración, obteniendo el decreto para la libertad de adoración y la aprobación de la convención el 6 de diciembre. Robespierre comenzó a posicionarse como el defensor de la religión y aunque estaba lejos de querer dar a los sacerdotes su antiguo poder, al declarar que en religión hacían lo que los charlatanes en medicina y que el verdadero sacerdote del Ser supremo es la naturaleza, cuyo templo es el universo y su adoración la virtud, prevaleció sobre la convención y el 7 de mayo de 1794 se hizo la siguiente declaración: El pueblo francés reconoce la existencia de un Ser supremo y la inmortalidad del alma; reconoce que la adoración digna hacia él es el cumplimiento de los deberes del hombre, el primero de los cuales es el rechazo de la deslealtad y la tiranía, el castigo de los tiranos y traidores y el consuelo de los infelices; las festividades serían señaladas con el propósito de llevar a la humanidad de nuevo al pensamiento de la Deidad. La primera de las festividades se celebró el 8 de junio de 1794, en la cual Robespierre, entonces presidente de la convención, apareció en porte festivo y pronunció una charla político-moral. Aunque poco después subiría al cadalso, acusado de hacerse él mismo un sacerdote, sus discursos marcaron un giro en favor de la creencia religiosa. El 30 de mayo de 1795 quedó otorgado el uso de las iglesias a sus antiguos poseedores, aunque quedaba prohibido el anuncio público del servicio, tal como el repique de campanas. La constitución del 22 de agosto de 1795 otorgó la libertad en asuntos de religión a todos los que se sometieran a la ley. Las autoridades detentarían una supervisión regular, prohibiéndosele al clero interferir en cuestiones del registro de estadísticas vitales y de publicar documentos extranjeros hostiles a la República. Esto último se refería al papa, quien estaba continuamente tratando de controlar la Iglesia francesa. Se dio plena libertad al surgimiento de secta religiosas y por ello hubo un notorio desarrollo de los "teofilantropistas", que reducían toda la enseñanza religiosa a la doctrina de Dios y de la inmortalidad, surgiendo las ideas morales de ahí. La dispersión de esas sectas originó no pocos problemas después, cuando Napoleón, tras la firma del concordato, prohibió sus reuniones, especialmente las de los teofilantropistas, que se había esparcido ampliamente por Francia. Incluso tras el decreto de 1795 las persecuciones religiosas no cesaron enteramente. En octubre de 1795 la convención amenazó con la muerte a todos los clérigos exiliados si regresaban a Francia. Pero la suerte de la religión mejoró durante el año 1796 y la primera parte de 1797. El 17 de junio Camille Jordans, diputado por Lyón, dio una alocución en favor de los sacerdotes y pidió una revisión de las leyes respecto a la religión. El 24 de junio el directorio informó a los Quinientos que, a consecuencia de la perspectiva más favorable en asuntos religiosos, un gran número de sacerdotes había regresado y muchas organizaciones religiosas estaban pidiendo libertad de adoración. Finalmente, se aprobó un decreto para devolver a los sacerdotes sus derechos civiles, aunque en septiembre de 1797, durante un período temporal de control por los republicanos extremistas, la persecución de los sacerdotes se renovó, exigiéndose duras condiciones a los sacerdotes regresados, tales como jurar odio a la realeza. Bajo esas condiciones muchos del clero exiliado regresaron y unos 17.000 tomaron el juramento requerido, pero se otros exiliaron y unos 380 fueron llevados a la Guayana, muriendo otros miserablemente en las islas de Oleron y Rhée.

La llegada de Napoleón.
El regreso de Napoleón de Egipto dio a los asuntos de la Iglesia católica un giro favorable; los eclesiásticos encarcelados fueron liberados y la libertad de adoración fue proclamada (28 de diciembre de 1799). Los servicios eclesiásticos no quedaron confinados al primer día de cada década y el único requerimiento del clero fue que declararan su sometimiento a la ley y a la constitución de 1799, mientras que las festividades de la revolución quedaron reducidas a dos. Bonaparte, que creía que la ayuda de la Iglesia católica era esencial para el establecimiento de su poder, comenzó negociaciones con Pío VII y el 18 de abril de 1801 se celebró un solemne servicio en Nôtre Dame. A pesar de que la incredulidad había echado raíces en Francia durante la revolución, 40.000 comunidades regresaron rápidamente a la Iglesia católica. Surgió una gran dificultad en esta restauración, debido a la división en los rangos del clero por los juramentos impuestos por la ley. El clero que no había jurado se consideraba el único representante verdadero de la Iglesia; por otro lado, los sacerdotes constitucionales mantenían que su actitud de someterse había salvado su existencia, por lo que habían rendido un mayor servicio. Napoleón al principio se sintió atraído hacia el lado de los sacerdotes que no habían jurado, ya que tenían la mayor estima por parte del pueblo. Luego intentó ayudar al obispo Grégorire, cabeza del clero constitucional, para conseguir la reconciliación, pero se dio cuenta enseguida que ni el papa ni los sacerdotes que no habían jurado harían nada con el clero constitucional y se ganó el apoyo de los elementos que no había jurado concluyendo un concordato con el papa en 1801 contra el consejo de Grégoire. Ya que en el concordato no se mencionaba a los protestantes y el primer artículo parecía hacer del culto católico el único que tenía derechos principales, una declaración especial del 9 de marzo de 1802 declaró que las otras iglesias disfrutaban igualmente de los mismos derechos que la católica, siendo el deber del Estado proteger a la minoría protestante, que tantos méritos había hecho ante la nación por su respeto y favor. Se dio un plazo de tres meses para la organización de los diferentes cuerpos eclesiásticos. Sin embargo, la ratificación del concordato no se pudo realizar tan rápidamente, al haber muchos obstáculos en el camino. Muchos del clero constitucional y de los no jurantes y algunos estadistas también se opusieron a la propuesta de restauración de las iglesias. Una parte difícil de la tarea yacía en conseguir que los obispos dejaran sus oficios. Sin embargo, el papa en octubre de 1801 instó a ambas clases del clero a dejar sus oficios, siendo obedecido por todos, incluso por los exiliados, salvo los de Inglaterra. Bonaparte encontró oposición también entre las fuerzas políticas, el Senado, el tribunal y la legislatura, teniendo que hacer uso de su derecho constitucional a reducir la membresía del tribunal antes de introducir el concordato. El concordato mismo necesitaba un artículo "constructivo" definiendo la política pública de adoración según los principios del documento mismo. Este artículo, garantizando a cada religión la protección del Estado, se presentó al consejo en abril de 1802. Según el mismo, sin el permiso del gobierno no se podían publicar bulas ni breves, ni celebrarse concilios; cada sacerdote tenía que reconocer la "declaración de Bossuet" de 1682 y prometer obediencia a la Iglesia en asuntos espirituales y al poder civil en asuntos temporales; a los obispos, designados por el Primer Cónsul y confirmados por el papa, se les permitía nombrar a sus pastores, debiendo recibir la aprobación civil antes de asumir el cargo; podían construir iglesias y seminarios, pero para la elección de profesores era necesaria la confirmación del gobierno y los alumnos no podían ser hechos sacerdotes antes de tener veinticinco años; los nuevos arzobispados creados fueron los de París, Malinas, Besançon, Lyón, Aix, Toulouse, Burdeos, Bourges, Tours y Rouen; los salarios de los obispos serían de 15.000 francos, los de los obispos de 1.000 y los de los pastores de 1.000 a 1.500. De la propiedad eclesiástica serían restauradas sólo las casas pastorales y los jardines, permitiéndose de nuevo el uso de campanas. El calendario republicano se modificó, de modo que la semana y sus días fueron como antes, quedando el domingo restaurado; en el matrimonio se dio su lugar de nuevo a la ceremonia eclesiástica, pero era necesaria una licencia civil de antemano. Este artículo también proveía que los protestantes no publicarían confesiones sin la aprobación del gobierno; el Estado pagó los salarios de los pastores, apropiándose previamente de la propiedad eclesiástica. Se permitieron dos seminarios en Francia para la instrucción de los candidatos al ministerio luterano y uno en Ginebra para la fe reformada. La dirección de los asuntos luteranos se puso en manos de consistorios locales y federales, mientras que los reformados en sínodos basados en el censo eclesiástico. Este artículo constructivo se convirtió en ley sin ser sometido al papa. La designación de obispos se convirtió en el quid de la cuestión, al desear el papa que los obispos constitucionales fueran totalmente excluidos, mientras que Napoleón les dio 12 de los 60 obispados a ellos. Por el concordato el papa había sometido al Primer Cónsul lo que había rechazado a la asamblea, esto es, la sumisión de la Iglesia al poder civil, mientras que el clero que no había jurado tenía ahora por mandato del papa que estar de acuerdo con lo que ellos anteriormente habían resistido. Por un lado, la Iglesia católica había ganado existencia política reconocida y con ello una gran parte de su poder legítimo, estimando posteriormente el papado que uno de los resultados victoriosos fue la entrega del episcopado francés a una posición de dependencia de Roma.